En Madrid a 22 de octubre de 2018.

 

En fechas recientes ha sido publicada por la Sección Segunda Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la Sentencia núm. 1505/2018, decidiendo el fondo de la misma sobre el sujeto pasivo obligado al pago del ITP y AJD devengados en la formalización en escritura pública de préstamos hipotecarios.

 

En las siguientes horas, tras su publicación, y por motivos que parecen trascender los puramente jurídicos, se deja en suspenso la citada resolución, así como, por el momento, todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objetivo similar, hasta ser examinada por los 31 magistrados que conforman el pleno del Tribunal, señalándose para ello el próximo 5 de noviembre.

 

Desde la Confederación Española de la Abogacía Joven quiere ponerse de manifiesto que por encima de cualquier interés económico se encuentra la JUSTICIA como bien último y fin de nuestro sistema de derecho.

 

No en vano, el artículo 118 de la Constitución recoge una de las garantías fundamentales del estado de derecho: el obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

 

Este principio y garantía, se erige como derecho fundamental contenido en el artículo 24.1 de la Carta Magna, por lo que se ve desarrollado por  los artículo 17 y 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, instando a todas las entidades públicas y privadas y particulares a respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales.

 

Este principio, unido al de seguridad jurídica es el que “permite promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad”, como bien indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, de 20 de julio.

 

La CONFEDERACION ESPAÑOLA DE LA ABOGACÍA JOVEN declara que, si la justicia se representa como ciega, no lo es por obviar los principios y valores que defiende, sino por no hacer distingo en su aplicación por quien la solicita y quien la recibe, más allá de lo expresado por las leyes.

 

TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, y en defensa de esa máxima, preservaremos la aplicación de las leyes, así como la efectividad de las sentencias judiciales en toda su extensión, en cumplimiento de nuestro compromiso para con el ciudadano y la Justicia.

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