En Madrid a 13 de noviembre de 2018.

 

Es cometido principal de CEAJ preservar la dignidad de la profesión, denunciar los ataques a la misma y remover los obstáculos que pretendan coartar el libre ejercicio de la única profesión que se ve nombrada especialmente, en razón de su importancia para la defensa de los derechos fundamentales, en la Constitución Española.

En cumplimiento de esta obligación, CEAJ quiere denunciar la práctica generalizada de juzgados y tribunales consistentes en la fijación a la baja, sin criterio que lo ampare, de los honorarios de defensa letrada a la hora de tasar costas.

Esta practica deja en manos de quien desconocen totalmente el ejercicio de la abogacía, sus sacrificios, presiones, desvelos y sinsabores, la valoración económica de un trabajo que nunca han realizado, sin sujetarse a tablas parámetros o mínimos.

Este desatino desemboca en resoluciones que pueden tacharse de ofensivas, como la tomada por el Tribunal Supremo en el Recurso de Casación 3337/2007, que contaba con una cuantía era de 57 millones de euros, y en la que se cuantificaron las costas en la Sentencia. Tras ser impugnadas por el Abogado del Estado las aprobadas por el secretario, que ascendían a 243.576 euros por honorarios de abogado y 106.769 euros por arancel del procurador, el Tribunal redujo las del abogado a 25.000 euros y las del procurador a 12.500 euros con una más que dudosa aplicación del principio de proporcionalidad.

 

Si resulta sangrante este ejemplo, llega a resultar insultante el reciente Decreto sala primera Tribunal Supremo, recurso 3313/2015 de 30 de octubre de 2018, mediante el cual un, antes nombrado secretario judicial, hoy “letrado de la administración de justicia”, mancilla el trabajo de un compañero indicando que el haber llegado hasta el alto tribunal, y ganado el procedimiento con condena en costas únicamente merece la apreciación de unas costas de 150 euros mas IVA. (cosa que seguramente no cubra ni el papel que sostuviera los autos)

No solo resulta un insulto al trabajo y apreciación del trabajo de la defensa letrada, sino el coartar el derecho al resarcimiento del justiciable de los gastos que debió realizar para llegar a una resolución que solventara su problema, mancillando su derecho constitucional al acceso a la justicia.

Desde la Confederación Española de la Abogacía Joven quiere ponerse de manifiesto la urgencia de una reforma legislativa que termine con estas prácticas, y que seguirá denunciando estos atropellos, ya que por encima de cualquier interés se encuentra la JUSTICIA CON MAYÚSCULAS, y el derecho del justiciable a verse resarcido en sus gastos, una vez reconocida su pretensión como justa y procedente.

 

POR UNA JUSTICIA PARA TODOS Y TODAS Y UN RECONOCIMIENTO PLENO DE LA LABOR LETRADA, CEAJ SEGUIRÁ TRABAJANDO Y DENUNCIANDO LA INJUSTICIA.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies